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Economistas estiman el déficit del 2019 en cerca de RD$160 mil millones.

El último día del pasado año tres reconocidos economistas debatían sobre la situación económica del país y sus perspectivas para este nuevo año, y entre los temas se destacó el hecho de que el 2019 fue el “undécimo año consecutivos de déficit fiscales”, lo que le deja una pesada carga al 2020 y a los otros periodos venideros.

El debate se realizó en el programa Uno más Uno, como parte del balance del fin del año. Y contó con la participación de los economistas Miguel Ceara Hatton, Ernesto Selman y el exministro de economía, Isidoro Santana. El encuentro era dirigido por los periodistas Juan Bolívar Díaz, y Adalberto Grullón.

Entre los temas tratados, se destacó la debilidad institucional del país, ahondada hasta niveles peligros durante 2019, y la ausencia de transparencia en el uso de los fondos públicos, y en sus reportes estadísticos.

Y medios a ciegas, por falta de reportes confiables, logran estimar que el verdadero déficit fiscal para al año concluido anda por los alrededores de los 160,000 millones de pesos, lo que es muy superior al monto originalmente estimado, de RD$75,525.4 millones.

Miguel Ceara Hatton, economistas e investigador, estima el déficit en RS$156,000 millones, “el doble de lo presupuestado”, lo que es refrendado por Ernesto Selman, Vicepresidente Ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económica sostenibles.

Mientras que, a falta de datos, Isidoro Santana, ex ministro de Economía, afirma: “Yo no me atrevería a decir un número”. Pero agrega que “se realizan operaciones de manera sistemática que no quedan reflejadas en los números”.

Para realizar la estimación del déficit se centran en la disminución de cuentas por pagar ascendente a RS$66,000 millones, a lo que le suman el equivalente en pesos de los US$1,750 millones de deudas del sector eléctrico, sometido a la aprobación del Congreso para ser convertida formalmente en deuda pública, después de ser gastado, pero no pagado.

De hecho, un tema tratado fue el de la Central Punta Catalina, cuya inauguración fue anunciada por el presidente Danilo Medina, para este mes de enero.

En el debate, Ernesto Selman aseguró que los fondos invertidos para la construcción de Punta Catalina, “nunca se presupuestaron”.

Pero se gastaron por un monto que algunos, como Eulegio Santaella, estima en unos 3,000 mil millones de dólares, mientras que la CDEEE afirma que el monto asciende a US$2,372.9 millones.

A esto se le agrega el presupuesto complementario aprobado por el Congreso el 13 de diciembre pasado, con lo que legaliza retroactivamente gastos ejecutados no contemplados originalmente en el Presupuesto General del Estado.

Esto es así, a pesar de que en el artículo 93 de la Constitución vigente de la República se establece como atribución del Congreso “votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo”.

Asimismo, en conflicto con lo que establece el Artículo 236 de la Constitución sobre la validez de la erogación: “Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.

“Teóricamente no debería haber ningún centavo que gaste una institución pública, sin que quede registrado en la contabilidad sobre las finanzas pública”, afirma Isidoro Santana.

Y agrega que, en la práctica, esas cosas ocurren, y que entonces viene a descubrirse después.

“Está claro que el déficit va a terminar siendo en el 2019 bastante más del que fue originalmente, en parte porque los ingresos no alcanzaron lo que se había proyectado, y en parte, porque se gastó más”, afirma Santana.

Un proyecto tardío de modificación presupuestaria

El primero de octubre del año pasado, el presidente Danilo Medina, sometió al Senado un proyecto de presupuesto complementario, “con miras a mitigar” los efectos de la desaceleración de la economía internacional. En su carta explica que el Gobierno se propone adoptar un conjunto de medidas “de recorte y reasignación de gastos para asegurar la provisión adecuada de servicios públicos, y atender a poblaciones vulnerables que pueden verse afectadas”.

Y agrega: “Al tiempo que procura atenuar el incremento del déficit fiscal”.

Pero en su párrafo final, cuatro más abajo, informa: “Hacemos de su conocimiento que la aprobación de estas medidas por parte del Congreso Nacional incrementaría el déficit del Gobierno Central aprobado por el Presupuesto General del Estado 2019, de 1.5% a 2.2% del PIB nominal”.

En el proyecto, incluye aumentos de apropiaciones presupuestarias a varios ministerios e instituciones del Estado, lo que incluye a la Cámara de Diputados, con RD$77.8 millones. Se recuerda que la Cámara de Diputados gastó unos RD$310 millones en la adquisición de productos comestibles y bonos navideños para repartirlos durante las festividades de este 2019, según reportó este medio,

También, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió un aumento de RS$ 302. 1 millones. Se recuerda que, bajo la gestión de Gonzalo Castillo, Obras Públicas gastó RD$11,500 millones de pesos en programas de asfaltado, en momentos en que se realizaba la saturante campaña de su titular para ganar la candidatura presidencial de cara a las primarias del partido gobernante, según una investigación de Alicia Ortega.

En total se reasignaron fondos por un total RD$7,585.4 millones, lo que incluye a casi todos los ministerios, otras instituciones del Estado, y a la Junta Central Electoral.

“El hecho de que estadísticamente registremos a lo largo de la historia que en los años de elecciones haya más gasto público, tanto en consumo como en inversión, eso es parte del problema institucional”, observa Isidoro Santana.

Y agrega: “Que haya muchas elecciones no debería se nada anormal. Eso es normal en cualquier país del mundo. Lo que es anormal es que eso se convierta en el único tema de agenda nacional”.
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